Boletín de prensa de la Coalición por la Salud de las Mujeres

Boletín de Prensa  

Ciudad de México, 14 de mayo de 2013

 En duda, derechos sexuales y reproductivos en el PND 2013-2018

  •  La Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) no ha sido una prioridad para el gobierno federal
  • SSyR, fundamental para el desarrollo del país y para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres

 La Coalición por la Salud de las Mujeres hace un llamado a las autoridades federales a que incorporen e integren en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los Programas Sectoriales y Específicos de Acción, las demandas de la sociedad civil organizada que ha participado en las distintas consultas para el diseño del PND.

 El PND estará listo en los últimos días de mayo y preocupa que las propuestas de la sociedad civil en materia de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) no se incorporen. A través del documento denominado “Diagnóstico y retos pendientes rumbo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018”, la Coalición por la Salud de las Mujeres presenta una serie de recomendaciones específicas para que el Estado garantice y proteja los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad como las indígenas, las adolescentes y las que viven con VIH.

 A pesar de los avances en el país, la SSyR en México continúa siendo un reto pendiente. La incorporación de la salud reproductiva en el PND, desde un enfoque de Derechos Humanos (DH) y de género, permitirá abonar al desarrollo nacional, toda vez que las mejoras en las condiciones de la salud reproductiva tienen consecuencias positivas sobre las mujeres, sus familias y las comunidades. Garantizar el acceso a servicios oportunos y de calidad en SSyR amplía las oportunidades en la  vida de las mujeres, y de esta manera se contribuye al desarrollo socioeconómico individual, familiar y general.

Tema prioritario en la agenda política en salud: la salud sexual y reproductiva de las mujeres

 La maternidad segura es un componente central de la SSyR que evidencia los avances y retrocesos en la materia y las condicionantes sociales que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR).

 La posibilidad de disfrutar de una maternidad voluntaria y saludable como la de experimentar embarazos y partos seguros y dar a luz hijas e hijos sanos, particularmente para las que viven en condiciones de vulnerabilidad (entre ellas las adolescentes, indígenas, quienes viven con VIH, en lugares alejados y en condiciones de pobreza), no constituye solamente un problema de atención médica, sino que tiene dimensiones sociales y de voluntad política a nivel nacional e internacional.

 La Coalición por las Salud de las Mujeres insta al gobierno federal a incorporar al PND 2013-2018 las siguientes propuestas:

 1. Incluir en la política pública un enfoque basado en DH y género, lo cual requiere desafiar la discriminación estructural que las mujeres enfrentan en diversos ámbitos, y ampliar la información y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad para reducir significativamente los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual y la violencia sexual.

 2. Asumir la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avanzar en la legislación a favor del derecho a decidir, y además  garantizar el acceso al aborto legal de acuerdo con todas las causales vigentes en los diferentes estados del país.

 3. Incorporar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas como ejes del PND, retomando los compromisos en DH signados por nuestro país con los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

 4. Establecer recursos financieros etiquetados,  y desarrollar una asignación progresiva del presupuesto para la política pública en salud en general y en salud sexual y reproductiva en particular, ciñéndose a los  principios transversales de los DH.

 5. Incorporar en los indicadores y en los procesos de medición y evaluación, las normas y principios transversales de derechos humanos: la no discriminación, la igualdad, la indivisibilidad,  la rendición de cuentas, la participación y el empoderamiento.[1]

 6. Priorizar el acceso universal a las intervenciones e insumos esenciales en salud materna y salud sexual y reproductiva de calidad de acuerdo con el Objetivo 5 de Desarrollo del Milenio, el Programa de Acción de Cairo y la Plataforma de Acción de Beijing.

7. Hacer frente a la necesidad insatisfecha de anticonceptivos como un objetivo en sí mismo y como respuesta a los derechos de las mujeres.

 8. Fortalecer el carácter laico del Estado, no solamente en la Constitución y en las leyes secundarias, sino en especial en las prácticas constitucionales, en la vida diaria de las aulas escolares y de los centros de salud.

 9. Incorporar el enfoque intercultural en todos los programas sectoriales de salud sexual y reproductiva, incluyendo los de VIH, así como en las dependencias dedicadas a la atención de pueblos indígenas, en materia de salud, a fin de incorporar y usar en la toma de decisiones las variables de etnia, edad y estatus migratorio en los sistemas de registro de información en salud.

 10. Garantizar el acceso a la información y orientación sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo anticoncepción y prevención de VIH, para toda la población, y particularmente para los grupos con mayores rezagos: adolescentes, mujeres con VIH y población indígena.

 11. Consolidar la atención de los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres con VIH desde una perspectiva integral, incluyendo pero no limitando a la prevención de la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita.

 12. Existe una enorme laguna en la rendición de cuentas desde los elementos que componen el derecho a la salud. El ejercicio de los derechos sólo es posible en un marco normativo de rendición de cuentas y transparencia en la política pública, que permita el acceso, de manera oportuna, a información estratégica que incluya mínimamente la definición explícita de: a) los objetivos de políticas o programas, b) los responsables de su ejecución en los distintos niveles de gobierno, y c) los procesos implicados en su ejecución.                     

 “Diagnóstico y retos pendientes rumbo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018”, disponible en http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/PropuestaPND2013-2018.pdf



[1] Indicadores de derechos humanos: propuesta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  México, D.F. Palacio Legislativo de San Lázaro-Febrero 23 de 2009. Disponible en: http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/Valina Indicadores%20de%20DDHH.pdf