Favor de confirmar su asistencia al tel: 55.12.27.92 (Ext. 114) o a la siguiente dirección electrónica: ciudadessegurasdf@gmail.com

Gimnasio Juan de la Barrera
Av. Río Churubusco y División del Norte (a un costado de la Alberca Olímpica)
Delegación Benito Juárez

Vamos todas el jueves 4 de marzo a la Representación del Estado de Sonora en el DF por ser éste quien inició la ola de reformas constitucionales que prohíben la interrupción del embarazo en todas las circunstancias.

¡No más reformas contra el derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos!

¡Libertad a las mujeres presas por abortar!

¡Aborto legal y gratuito!

¡Por la defensa del estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia de imponer sus valores a la ciudadanía!

No faltes. Trae una prenda morada.

La cita es en: Goldsmith No. 28, col. Polanco a las 11 am (entre Horacio y Homero a una cuadra del Palacio de Hierro de Moliere).

Informó lo anterior la ex candidata presidencial, Patricia Mercado quien luego de precisar que ya una comisión de manifestantes ingresó al recinto para reunirse con un grupo de diputados, aseguró que “haremos hasta lo imposible” para parar la ofensiva contra la libertad de decisión de las mujeres.

Entrevistada por Denise Maerker señaló que se planteará a los diputados que se tomen medidas o se dictamine una ley que vaya en contra de esas otras leyes que han prosperado en 17 congresos del país y que, como en el caso de Puebla, se ha informado con un gran cinismo que hay 30 mujeres detenidas por haber interrumpido su embarazo.

“En la práctica se criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado y queremos que no se avance contra los derechos de las mujeres porque hay un cinismo y ofensiva muy fuerte”, dijo.

Explicó que diversas organizaciones han decidido conformar un pacto por la vida y la libertad de los derechos de las mujeres, que los primeros jueves de cada mes realizarán diversas acciones “para no quitar el dedo del renglón y echar atrás esta ofensiva del PAN y del PRI.

Audio de Patricia Mercado

— Fuente: Grupo Fórmula

Fuente: Milenio | Foto: Oswaldo Ramírez

México, DF, 4 feb 10 (CIMAC).- Diputadas y diputados de diversas fracciones parlamentarias se comprometieron este día a defender al interior de San Lázaro el derecho a decidir de las mexicanas, no permitir que la iniciativa de Fidel Herrera que penaliza el aborto se apruebe y exigir la excarcelación de las mujeres que se encuentran presas por haber abortado.

Ante la exigencia de alrededor de 300 mujeres que se manifestaban afuera del palacio legislativo defendiendo el derecho a una maternidad libre y voluntaria, la cual ha sido violentada tras la aprobación de17 reformas constitucionales que protegen la vida desde el momento de la concepción-fecundación y criminalizan el aborto, un grupo plural de legisladoras recibió a una comisión de feministas.

Esta estuvo integrada por 17 mujeres provenientes de cada estado que ha modificado su constitución (Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro; Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán) así como por ex diputadas federales y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la ciudad de México.

Desde octubre de 2008, la alianza coyuntural del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyada por legisladoras y legisladores de otros partidos, ha logrado reformas constitucionales en 17 de los 31 estados del país; esas entidades actualmente protegen la vida desde el momento de la concepción-fecundación y criminalizan el aborto.

Durante la reunión en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, -donde no había sonido ni luz-, una a una las diputadas y diputados se fueron presentando señalando estar ahí para escuchar las demandas que llevaban las mujeres hasta el recinto legislativo.

Así en voz de la ex diputada federal por el Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS), Elsa Conde, las mujeres agrupadas en la iniciativa denominada Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, que agrupa alrededor de 90 OSC de mujeres y feministas de todo el país, expresaron su profunda preocupación por la ola de reformas constitucionales que han sido aprobadas y que ya entraron en vigor.

Las activistas entre las que se encontraban las ex legisladoras Martha Tagle, Adriana Luna Parra, Carlota Botello, y la legisladora local por el PRI en Veracruz Dalia Pérez, afirmaron que estas reformas significan un grave retroceso al criminalizar a las mujeres por decidir voluntariamente sobre su maternidad.

“Al penalizar el uso de anticonceptivos y del aborto aún en casos de violación, se vulnera el carácter laico del Estado Mexicano, además de que se obstaculiza el avance científico y se profundiza el déficit democrático por razón de género”, señalaron.

Las feministas acusaron la alianza del PAN y PRI con la jerarquía de la iglesia católica, lo cual atenta contra el Estado laico al criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo, llevándolas hasta la cárcel, “mostrando así su cara conservadora y su doble moral”.

Por ello exigieron que no se acepte ni se discuta la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hecha por el Gobernador de Veracruz, el priista Fidel Herrera, que actualmente se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales, ya que con ella, se busca criminalizar a las mexicanas, anulando su derecho a una maternidad libre y voluntaria, enfatizó Elsa Conde.

Tras escuchar de manera muy atenta a las activistas el Diputado Juventino Castro y Castro del PRD y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se sumó al Pacto por la vida y la libertad de las mujeres, comprometiéndose a defender al interior del Congreso el no retroceso de este derecho.

“Estamos ante unas fuerzas sumamente poderosas que están impidiendo que los mexicanos decidamos lo que queramos. Sin embargo podemos estar tranquilas y tranquilos de que en este tema se impondrá la razón, no podemos darle derechos al no nato, decir que sea el quien decida, la madre es la que tiene que decidir por ello sabremos defender sus derechos”, enfatizó el legislador.

El PRI detendrá Reforma Veracruzana

Por su parte el diputado Silvio Lagos Galindo del grupo parlamentario del PRI, se pronunció a nombre de su fracción parlamentaria y de la presidenta de su partido Beatriz Paredes Rangel, señalando que ya tienen preparado un documento para retirar la iniciativa de Fidel Herrera de San Lázaro.

“Hablamos con el presidente de la fracción en el PRI de Veracruz y con el gobernador del estado, para que en próximo periodo de sesiones se apruebe la solicitud de retiro de la iniciativa”.

Ante ello la directora de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario Daphne Cuevas, precisó a las y los diputados “la única manera de parar la iniciativa del Congreso de Veracruz, es que se dictamine en sentido negativo ya que ahora es la Cámara quien la tiene en sus manos y es a ésta a la que le pertenece”.

Por su parte la legisladora veracruzana por el PRI Dalia Pérez, se mostró avergonzada porque el Congreso de su estado aprobó esta reforma, señalando que ella fue la única integrante del PRI que votó en contra.

Por lo que llamó a sus compañeras y compañeros de bancada para que no permitan que los derechos de las mujeres se acoten, “tenemos que tomar una decisión social-demócrata, somos un partido de centro-izquierda, busquen en nuestro estatutos ahí encontraran los argumentos para defender los derechos de las mujeres”, enfatizó.

PRD avergonzado

De igual manera el PRD, en voz de su coordinador en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, se comprometió a hacer lo propio al interior del partido, refiriéndose a las reformas aprobadas en Chiapas.

El hecho fue calificado por el legislador como “vergonzoso” ya que este estado es gobernado por el perredista Juan Sabines, quien en opinión de Encinas, “llegó al poder en un proceso turbio y viciado” y al permitir este tipo de retrocesos “contraviene claramente la línea del partido”.

En lo referente a Baja California Sur, donde se están discutiendo una iniciativa de ley para penalizar el aborto y otra para despenalizarlo, señaló que estarán vigilantes del proceso y del actuar del gobernador del estado y sus legisladores.

Finalmente las y los legisladores presentes se comprometieron en exigir la excarcelación de las mujeres que se encuentran presas en diferentes estados del país por interrumpir un embarazo, por lo que solicitaron a las activistas presentarles las documentaciones requeridas a la brevedad.

Según información de las OSC, tan sólo en Veracruz ocho mujeres se encuentran presas por abortar; en el caso de Guanajuato son 20 las mujeres detenidas nueve de ellas sentenciadas a 35 años de cárcel, las mujeres fueron acusadas por el delito de homicidio.

En la reunión estuvieron presentes las y los diputados por el PRD: Teresa Incháustegui, Leticia Quezada, Juventina Romero, Claudia Anaya y Martha Elena García; por el PRI: Cristina Díaz, Elvia Hernández, Carolina Gudiño, por Convergencia Teresa Ochoa y por el PAN Laura Elena Estrada.

Gladis Torres Ruiz
10 /GTR/LGL

Oaxaca, México.- Diputadas y diputados veracruzanos presentarán un exhorto para pedir se devuelva la iniciativa de reforma del 4º. Constitucional, que había sido propuesto por el gobierno de Veracruz, que pretendía el reconocimiento a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”, dijeron hoy ante una comisión de mujeres integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres.

Reunidas en el salón verde del Congreso Federal, diputadas y diputados de todos los partidos políticos escucharon la petición de excarcelar a las mujeres que han sido criminalizadas por abortar en Guanajuato, Puebla y que son perseguidas en otras entidades como Chiapas.

Cristina Díaz, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, dijo que propondrá a los legisladores de su partido a impedir que se acoten los derechos de las mujeres, aún cuando el PRI junto con el PAN son los partidos políticos que mayoritariamente votaron a favor de las leyes antiaborto en 18 entidades; Leticia Quesada, del PRD, advirtió sobre el peligro que representa la criminalización del aborto y la prohibición del uso de anticonceptivos toda vez que aumentaría el aborto clandestino y la muerte materna.

El diputado perredista Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se manifestó optimista ante la resolución que podrían tener las demandas de las integrantes del Pacto, ya que los derechos del ser humano no nacen en el momento de la fecundación. Destacó que ha habido retrocesos fundamentalmente por “fuerzas sumamente poderosas que han impedido el disfrute de las libertades, son grupos poderosos de la iglesia que están impidiendo los avances”, pero confió en que de presentarse las controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia tendrían una respuesta favorable.

Elsa Conde integrante del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, leyó una carta dirigida a los diputados en la que señala que los cambios legislativos, no son solamente una lucha ideológica, sino que tienen consecuencias en la vida de las mujeres al presentar cargos, perseguir y encarcelar a decenas de mujeres acusadas de diversas variaciones de supuestos delitos equivalentes al asesinato.

Agregó que igualmente, exacerban la clandestinidad de la práctica del aborto en nuestro país y expone a adolescentes y mujeres a todo tipo de condiciones insalubres y peligrosas, poniendo en peligro su vida y bienestar.

Vale más la vida

Antes en un mitin en las afueras del recinto legislativo, centenares de mujeres representantes de organizaciones civiles de todo el país lanzaron consignas demandando la libertad de las encarceladas por aborto, el derecho a la libertad a decidir de las mujeres y pidieron también la defensa del Estado laico contra toda injerencia de cualquier iglesia y frenar la imposición de valores religiosos al conjunto de las y los ciudadanos.

A pesar de la intensa lluvia inusual en febrero, las mujeres lanzaron consignas:“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “estamos aquí para protestar porque el gobierno nos quiere encarcelar”, “iglesia escucha estamos en la lucha”, “aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”.

Josefina Chávez, perteneciente a la agrupación Feministas Socialistas, en su arenga demandó que “no se ponga mayor valor a un conglomerado de células que a la vida y el bienestar de las mujeres vivas”.

Asimismo, señaló que ahora hay mujeres en la cárcel por haber ejercido su derecho a decidir sobre su cuerpo, y pidió la protección de los derechos que se han conquistado en México.

“Reclamamos la separación de iglesia y Estado, tal y como lo lograron generaciones que nos antecedieron, y que no se permita que se imponga una sola visión, la visión de la alta jerarquía eclesiástica como ley al conjunto de la población”, apuntó.

Los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, secundados por otros con representación legislativa, “han emprendido un embate a nivel nacional para elevar el mal llamado derecho a la vida a nivel constitucional en 18 estados de la República”, señaló Josefina Chávez en nombre de una treintena de organizaciones sociales.

La alianza partidista echa por tierra el derecho de las mujeres a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos, consagrado en el artículo 4º constitucional, y amenaza con colocar por encima de éste en la Carta Magna el de un puñado de células, agregó.

“Nos parece necesario recordar a las y los funcionarios públicos y legisladores que los avances científicos demuestran que la vida de los seres humanos no inicia a partir de la fecundación de un óvulo. Creer en esa premisa es un retroceso flagrante para la ciencia médica y es una irresponsabilidad de parte de los que legislan sin argumentos objetivos y con baratos fines electoreros”.

El contexto

La ola de reformas constitucionales que otorgan personalidad jurídica del ser humano desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural, representan un atentado a los derechos de las mujeres, obstaculizan el avance científico, lesionan el carácter laico del Estado mexicano y profundizan el déficit democrático por razón de género.

A la fecha, 18 entidades del país han promovido las enmiendas, vulnerando el principio de no regresividad de los derechos humanos y contraviniendo la argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.

Con las reformas, sucede lo contrario, expusieron las organizaciones firmantes del Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, que el pasado 4 de febrero se pronunciaron a las afueras de la Cámara de Diputados, para exigir cese el trato cruel y degradante de que son objeto las mujeres que han decidido interrumpir un embarazo.

La concentración, convocada por las organizaciones que en diciembre de 2009 firmaron el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, reunió a mujeres de grupos y colectivos del Distrito Federal y varias entidades del país, las que exigieron la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

Entre las organizaciones asistentes a la concentración se encontraban integrantes de Feministas Socialistas, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Consorcio Para el Diálogo Parlamentario, Colectiva con Letra F, Colectivo Feminista Socialista Rosa Chillante, quienes se pronunciaron por la defensa de los derechos a la salud de las mujeres y la despenalización del aborto en todo el país.

Integrantes de agrupaciones como Pacto por el Derecho a Decidir, Católicas por el Derecho a Decidir, Género, Mujer, Trabajo y Familia; Instituto Simone de Beauvoir, Red Dedeser, y 20 más, exigieron a las y los legisladores que no se siga criminalizando a las mujeres, se retiren los cargos, cesen los procesos y se libere a las mujeres presas por haber ejercido su derecho a decidir sobre su cuerpo.

Demandaron a las y los legisladores que no se acepte ni se discuta la iniciativa de reformar la Constitución Política Mexicana que propone proteger “la vida desde el momento de la concepción”, iniciativa que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.

Fuente: Ciudadanía Express

Cerca de un centenar de activistas de agrupaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y GIRE, entre otras, se manifestaron en jaulas de madera y gritaron consignas como “decidir no es un delito es un derecho” y “el Gobierno nos quiere encarcelar”, afuera del recinto legislativo.

Los congresos estatales de 18 estados del país han aprobado diversas reformas legales que buscan garantizar “el derecho a la vida” desde la concepción, y castigan con cárcel a las mujeres que aborten.

Elsa Conde portavoz de la agrupación “Derecho a Decidir”, explicó que en el país existe “mucha preocupación” por algunas reformas o iniciativas en algunas entidades del país que buscan “criminalizar a las mujeres por decidir voluntariamente sobre su maternidad, penalizar el uso de anticonceptivos y el aborto, aun en casos de violación”.

Denunció que en el estado de Veracruz, Golfo de México, se pretende reformar el artículo 4 de la Constitución para que se reconozca “la vida desde el momento de concepción y hasta la muerte natural” en el ámbito federal, y se violen los derechos de las mujeres.

Por ello, “exigimos a los legisladores federales un compromiso con el carácter laico del Estado mexicano; vigilar que el Gobierno federal y locales garanticen el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos; legislar para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo; y dictaminar en sentido negativo la iniciativa del Congreso de Veracruz”.

Por la tarde la Comisión de Equidad y Género de la cámara baja se reunió con mujeres representantes de diferentes organizaciones sociales para escuchar su inconformidad por las reformas en 18 estados que penalizan el aborto, y que en algunas entidades buscan incluso castigar el uso de anticonceptivos, indicaron fuentes legislativas en un comunicado.

La diputada Leticia Quezada Contreras, del izquierdista partido de la Revolución Democrática, (PRD) manifestó en rueda de prensa su preocupación porque con estas reformas legislativas en 18 estados se castigue a mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, por lo que señaló que se debe trabajar “para que las féminas tengan acceso a la salud y no sean tratadas como enfermas mentales”.

La capital mexicana es la única ciudad de México en la que no se penaliza el aborto desde 2007.

Vía: EFE

Representantes de agrupaciones civiles pidieron a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados interesarse por el tema, en reunión sostenida la víspera con legisladores de todos los partidos.

Recientes reformas constitucionales en 18 estados de la República prohíben y sancionan el empleo de anticonceptivos y el aborto, en violación de los derechos reproductivos de las mujeres, reiteraron las activistas sociales.

Para el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, “es una verdadera vergüenza que se penalice el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”.

Según estimó el coordinador del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, “todos estamos obligados a apoyar, ofrecerles el diálogo para que esto tenga un final a favor de las mujeres”.

Como parte del intercambio, la diputada Laura Elena Estrada, del gobernante Partido Acción Nacional, también señaló la importancia de discutir el conflicto y destacó la presentación de una iniciativa de ley sobre la paternidad responsable, para fijar las obligaciones de los hombres al engendrar una criatura.

En opinión de la agrupación Derecho a decidir, las reformas, que ya están en vigor en varios estados, significan un grave retroceso al criminalizar a las mujeres por decidir voluntariamente sobre su maternidad aun en casos de violación, indicó una de las integrantes de esa organización, Elsa Conde.

La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la cámara baja, Teresa del Carmen Incháustegui, consideró que las leyes suscritas en varios territorios contravienen tres principios fundamentales: los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, el Estado laico y la doctrina de la persona jurídica.

Incháustegui calificó de aberración jurídica lo que está ocurriendo; en Guanajuato, ilustró, sancionan a privación de libertad por más de 40 años a las mujeres que abortan, cuando existen criminales libres después de cumplir cinco años de prisión.

María Julia Mayoral
rc/mjm

Diputados del grupo parlamentario del PRI se comprometieron con organizaciones feministas a exhortar a legisladores de Veracruz para que envíen al Congreso de la Unión una solicitud a fin de retirar la iniciativa de ley presentada por el gobernador de ese estado, Fidel Herrera, que pretende reformar la Constitución local para proteger la vida desde el momento de la concepción.

Pese a la pertinaz lluvia diversas organizaciones feministas realizaron este jueves un mitin frente a San Lázaro. Foto: José Antonio López

Ni la lluvia ni el viento impidieron que alrededor de 400 simpatizantes y representantes del Pacto Nacional por la Vida la Libertad y los Derechos de las Mujeres se concentraran ayer afuera del palacio legislativo para exigir a los diputados que dictaminen en contra de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo veracruzano.

Tres jaulas fueron ubicadas afuera del Congreso simulando cárceles y exigir la liberación de las mujeres sometidas a procesos judiciales o condenas por haber interrumpido su embarazo.

A las 13 horas, una comisión de activistas del Distrito Federal y de los 18 estados en donde se han aprobado reformas constitucionales para penalizar el aborto, fueron recibidas por un grupo plural de diputados entre los que se encontraban el coordinador de la bancada del (PRD), Alejandro Encinas Rodríguez; el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro; la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Martha Elena García Gómez, y el coordinador de la diputación federal priísta veracruzana, Juan Nicolás Callejas Arroyo.

En representación del Pacto Nacional por los derechos de las mujeres, la ex diputada federal Elsa Conde dio lectura a una carta en la cual se les exigía a los diputados legislar para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo; dictaminar en sentido negativo la iniciativa del Congreso de Veracruz; impedir cualquier retroceso legislativo en los derechos de las mujeres de todo el país; vigilar al gobierno federal y a los locales para que garanticen el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el respeto al carácter laico del Estado.

Una vez leído el documento, las representantes de los estados informaron sobre la situación que se vive en cada entidad en materia de derechos de las mujeres.

Por parte de los diputados, el primero en pronunciarse fue el perredista Castro y Castro, quien expresó su apoyo a las mujeres y su rechazo a la iniciativa.

“Si esta iniciativa en alguna forma se planteara ante la Cámara de Diputados, tengan la seguridad que un servidor, y quienes piensan como yo, sabremos defender con todas sus fuerzas sus derechos”.

Encinas calificó de vergonzoso que en un estado como Chiapas, donde gobierna el PRD, se haya aprobado una ley que penaliza el aborto y se comprometió ha vigilar que ningún perredista en Baja California Sur se oponga a la iniciativa de ley que intenta despenalizar la interrupción del embarazo.

Los diputados del Partido del Trabajo, el PRD y el PRI se comprometieron a impedir que la iniciativa del Congreso veracruzano sea aprobada, así como a promover la excarcelación de mujeres que cumplen condena por abortar, además de legislar para reforzar los derechos sexuales y reproductivos de ese sector de la población.

En tanto, la diputada del PAN Laura Elena Estrada Rodríguez no se pronunció en contra de la iniciativa. En su participación rechazó el encarcelamiento de mujeres por abortar y su compromiso se limitó a llevar el mensaje de las mujeres a su fracción parlamentaria.

— Fuente: La Jornada

En una reunión con un grupo de mujeres que se manifestaron frente a la Cámara de Diputados en contra de la iniciativa, el priista Silvio Lagos aseguró que será retirada.

“En días próximos esperamos que el Congreso del estado tenga un periodo extraordinario para poder solicitar el retiro de la reforma constitucional y rectificar el camino de lo que en ese momento se realizó”, indicó el legislador veracruzano.

“Estamos solidarios con ustedes y estamos convencidos de que en unos días más recibiremos la petición del Congreso local para el retiro de la reforma”.

Algunas de las mujeres participantes en la reunión consideraron insuficiente el ofrecimiento y llamaron a establecer el compromiso de votar en contra de la iniciativa.

“Celebramos profundamente que haya voluntad del PRI y de los legisladores del Congreso local, pero sabemos que legislativamente que esto tiene es limitado”, señaló Dafne Cuevas, integrante de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

“El desistimiento de una iniciativa es algo que puede hacer el autor, pero una vez que llega al Congreso el dueño es el Congreso. Sabemos que la única manera en que esa iniciativa puede retroceder es que se dictamine en contra”, agregó.

El diputado perredista Juventino Casto y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se comprometió a defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Si esta cuestión en alguna forma se planteara ante la Cámara de Diputados, tengan la seguridad de que un servidor y quienes piensan como yo sabremos defender con toda fuerza sus derechos”, señaló el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia.

El grupo de mujeres, entre las que se encontraban las diputadas locales Beatriz Benavente, de San Luis Potosí, y Dalia Pérez, de Veracruz, exigió a los legisladores federales comprometerse a excarcelar a todas las detenidas por abortar, a legislar para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y a vigilar que los gobiernos estatales garanticen el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

“Exigimos un compromiso para excarcelar a las mujeres, que se investigue dónde están los casos y se apruebe un punto de acuerdo para la libertad inmediata. No amnistía, sino libertad inmediata, respeto y atención de salud”, indicó Elsa Conde, ex diputada de Alternativa Socialdemócrata.

Reclamo

Organizaciones de mujeres demandaron frenar la ola de reformas para penalizar el aborto en México.

• 18 entidades han aprobado reformas constitucionales para establecer el derecho a la vida desde la fecundación y sancionar con ello el aborto en todas las circunstancias.
• 30 mujeres han sido encarceladas en Puebla por haber abortado.
• 8 mujeres encarceladas en Veracruz por aborto han sido acusadas de homicidio calificado.

Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo